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La expropiación que debe hacerse en el parque nacional marino Las Baulas, de Guanacaste, es sumamente importante y necesaria no solo para garantizar el éxito de la eclosión de los neonatos de las tortugas que en ese parque anidan, sino también para el progreso de la sociedad civil representada por tres organizaciones que se benefician directamente del parque, ofreciendo tours y ventas de comida criolla a quienes visitan el desove de la tortuga baula. Es necesario recalcar que nuestras organizaciones no pertenecen a The Leatherback Trust, ya que somos independientes, cada una con cedula jurídica. Sin embargo, agradecemos la ayuda que nos ha brindado para consolidar el parque.

Proteger la especie. Los grupos que nosotros guiamos son de 30 personas por tortuga, divididos en grupos de 15, cada uno con su respectivo guía. Si bien es cierto que una de las amenazas de la tortuga baula se halla en el mar, es prioritario garantizar la zona de animación ya que sin neonatos no hay generación.

Por esto todo ecologista debe entender que ambos lugares son importantes para llevar a cabo nuestro objetivo: proteger y conservar la especie en peligro de extinción. Al llegar la luz del día, los guardaparques que trabajaron por la noche deben ir a dormir pues no son robots, sino seres humanos, pero tienen relevos y son resguardados por voluntarios y biólogos, quienes ayudan a patrullar durante el día.

A nuestro parque no solo llegan extranjeros, también llegan turistas nacionales impulsados por un acto de amor, porque solo el que trasnocha, supera las horas de espera para poder observar el desove de una tortuga, solo un amante de la naturaleza comprende todo el esfuerzo que nuestras tortugas hacen para venir cada temporada a nuestro parque a desovar.

Bombas ambientales. No podemos seguir creyendo en las palabras de muchos desarrolladores “Venimos de la mano con la naturaleza” ya que hemos tenido suficiente con Papagayo y Tamarindo considerados bombas ambientales.

Esto perjudica la imagen de todos los ticos y va en contra del tratado firmado por nuestro presidente: “Paz con la Naturaleza”. Si de mantener el respeto a la institucionalidad de Costa Rica se trata, se debe empezar por respetar el artículo 50 de la Constitución Política, que dice que todo ser humano merece vivir en un ambiente sano. ¿Cómo llamarle ecologista a quien construye sus megaproyectos sobre un manglar? La baula nace en suelo costarricense y es un ser vivo con derecho a ser protegido.

A las entidades competentes: ¿De qué lado están? ¿De los pobres costarricenses, o de aquel que tiene mucho dinero?

El parque marino Las Baulas, en Guanacaste, podría quedarse sin los recursos para evitar la pesca ilegal en su área marina a partir de junio de este año.

Así lo confirmaron ayer a La Nación autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) y de la Fundación MarViva.

Desde hace cuatro años, esta organización invierte al año más de $80.000 para dar mantenimiento a la lancha rápida Marviva V y pagar a sus dos tripulantes. Además, brinda al parque asesoría legal y recursos para capacitaciones ambientales.

Sin embargo, MarViva estará evaluando durante las próximas dos semanas si continuará apoyando al parque o retirará de allí su embarcación, que es la única patrullera que tiene actualmente este parque.

Jorge Arturo Jiménez, director regional de MarViva, afirmó que para mantener su apoyo en el parque Las Baulas, ellos requieren un mayor compromiso del Minae con la definición del área que abarca este parque.

Esa definición se ha dificultado a la espera del proceso de expropiación de 32 fincas aledañas.

También la ONG solicita una mayor participación del Estado en cada proyecto que realizan en conjunto en Las Baulas. Por ejemplo, Jiménez manifestó que en noviembre del año anterior se donó al parque un radar valorado en más de $10.000 que aún no se ha instalado por la carencia de recursos.

Por otra parte, MarViva enfatiza que este año replanteó sus prioridades de cooperación en el país y que decidió más bien redireccionar sus recursos para proteger los ecosistemas marinos de la península de Osa, así como de la provincia de Chiriquí, Panamá.

“No hay una decisión tomada al respecto pero, ciertamente, no tenemos suficientes recursos para estar en todo lados”, dijo Jiménez.

Agregó: “Para nosotros, Osa se va a convertir en un área prioritaria de Costa Rica porque a pesar de que es una de las que tiene una mayor riqueza, es la que tiene menos áreas marinas protegidas”.

Consecuencias. Roberto Dobles, ministro del Ambiente y Energía, reaccionó diciendo que no había recibido ninguna comunicación de parte de MarViva sobre su retiro del parque Las Baulas, pero que en un tema tan importante está totalmente dispuesto a conversar.

“Entiendo el interés de MarViva de participar de la conservación de Osa pues el Gobierno también tiene interés en cuidar esas aguas, donde incluso se reproducen las ballenas jorobadas”.

“Sin embargo, para nosotros, Las Baulas sigue teniendo prioridad y ahora hay una comisión de científicos analizando su problemática para decir qué estrategia se va a seguir. Ellos darán un informe en dos meses”, dijo Dobles.

Además, el Ministro destacó que este 2008 el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación creció un 28%, lo que permitirá destinarle más recursos a parques como este.

Actualmente, el Minae no tiene los recursos propios para reemplazar la embarcación MarViva V ni el conocimiento para manejar una, adujo Rotney Piedra, administrador del parque.

“Estamos en un momento crítico, pero mantenemos el deseo de cuidar de las tortugas y su ecosistema. MarViva puede hacer lo que esté de acuerdo con sus prioridades, solo pedimos tiempo para prepararnos: comprar lancha y capacitar gente”, indicó Piedra.

Aunque en febrero The Leatherback Trust (TLT) puso fin al convenio que tenía con el Estado, la organización cree posible negociar un nuevo acuerdo.

Representantes del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) también han dicho que no descartan esa posibilidad.

TLT asegura que mientras tanto continuará ofreciendo alguna cooperación económica.

Su representante, Frank Paladino, indicó que si el Gobierno avanza con las expropiaciones “los donantes muy posiblemente darán el dinero”.

Precisamente, la semana pasada, el grupo depositó más de $1 millón por seis expropiaciones que el Minae tramitó dos días después de la ruptura del convenio.

Además, TLT continuará pagando salarios y otros gastos operativos del parque marino Las Baulas, en Santa Cruz, Guanacaste, por lo que resta del presente año.

Desde 1995. El parque fue creado en 1995, pero hasta la fecha gran parte de la porción terrestre continúa en manos privadas.

El año pasado, el Minae inició el proceso de expropiación de más de 30 propiedades, con el apoyo económico de TLT.

La organización aportó el dinero para pagar honorarios profesionales, viáticos y gastos legales relacionados con los preparativos de las expropiaciones.

Paladino explicó que la ruptura con el Gobierno ocurrió por frustración.

“Nosotros pagamos todo y nadie quiere firmar los documentos”, comentó en referencia a que el ministro del Ambiente, Roberto Dobles, requirió de tres meses para firmar varias expropiaciones.

Agregó que incluso él, su familia y otros colaboradores de la organización han recibido amenazas de muerte, de parte de personas que no han podido ser identificadas.

La consolidación del parque ha provocado polémica. Quienes más se oponen son los dueños de las tierras que el Estado reclama.

Ellos han dicho en reiteradas ocasiones que la zona puede desarrollarse bajo condiciones especiales, que no perjudiquen la anidación de las tortugas. También cuestionan la inclusión de terrenos en el parque, pues bajo su óptica este debe ser solamente marino.

El Estado ya tomó posesión de algunas tierras, tiene varias en proceso de expropiación y, en al menos un caso, podría realizarse un arbitraje internacional.

Una organización que ayuda al Estado a gestionar donaciones para pagar expropiaciones dentro del parque marino Las Baulas, en Guanacaste, compró cinco terrenos fuera del parque y los registró a su nombre.

Desde hace cuatro años, The Leatherback Trust (TLT), un grupo sin fines de lucro de nacionalidad estadounidense, cuenta con el respaldo del Gobierno de Costa Rica para gestionar donaciones.

En el 2004, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) firmó un convenio en el cual acepta que TLT haga “una campaña para la consecución de fondos orientada a la consolidación del parque”.

Los recursos han sido manejados directamente por TLT sin ninguna participación del Estado, por lo que este desconoce con exactitud cuánto se ha recaudado y el uso que se le ha dado.

En febrero, TLT puso fin al convenio, por considerar que el Estado es muy lento en procesar las expropiaciones, y ahora el Minae le está pidiendo cuentas sobre el dinero recolectado.

Prioridad. El objetivo de las donaciones es comprar más de 270 hectáreas del parque que pertenecen a desarrolladores privados.

Con ello, se espera proteger playa Grande, uno de los pocos puntos de anidación de la tortuga baula en el mundo, en momentos en que la especie de encuentra en peligro de extinción (en los últimos años desapareció el 90% de la población).

Ronald Vargas, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), dijo desconocer por qué el grupo compró terrenos fuera del parque si la prioridad es adquirir los que están dentro de este.

Agregó que está pidiendo una explicación “creíble” sobre el origen de los fondos con los que se compraron los cinco terrenos.

“Si son recursos de donaciones para la adquisición de los terrenos del parque tienen que ser trasladados al Estado”, comentó.

Agregó que el nombre de Costa Rica se utilizó “como un trampolín para la obtención” de donaciones. Sobre por qué el Estado no fiscalizó las donaciones, dijo que el convenio no incluyó ese aspecto.

También solicitó un informe con el desglose de todos los aportes económicos realizados por TLT, con los respectivos comprobantes de gasto, del 2004 al 2008.

Donaciones separadas. Frank Paladino, representante de TLT, aseguró a La Nación que las tierras se compraron con otras donaciones.

Agregó que estas provinieron de donantes “anónimos” que las hicieron a favor de la organización, no del parque ni del Estado. También la Unesco hizo un aporte para adquirir tierra “cerca” del parque.

Los terrenos costaron alrededor de $1 millón y solo una franja de ocho metros (que atraviesa los cinco lotes) se ubica dentro del parque. Esa proción tampoco se registró a nombre del Estado.

Paladino dijo que el objetivo de esas donaciones era buscar un nuevo sitio al cual trasladar la estación científica de TLT.

Actualmente esta se encuentra dentro del parque, en un terreno que TLT compró en el 2004.

De acuerdo con él, la franja de ocho metros localizada dentro del parque pronto será registrada a nombre del Estado; no así el terreno que hoy alberga la estación.

En el 2004, este costó medio millón de dólares.

“Si el gobierno quiere expropiarnos, le venderemos la propiedad a un precio muy reducido… No queremos obtener ganancias, pero tenemos que construir una nueva estación”, comentó Paladino.

Siete millones. Sobre las donaciones para el parque, la directora ejecutiva de TLT, Clara Padilla, dijo que está preparando la información solicitada por Vargas.

Indicó que se recaudaron $7 millones y se utilizaron $2,6 millones, en mantenimiento del parque y en el proceso de preparación de las expropiaciones de la zona.

El resto será devuelto al donante, ya que el Estado no se apresuró a procesar las expropiaciones.