Geocad Estudios Ambientales

Tomado de una frase dicha por Winston Churchill, creo que el título de esta nota refleja –desafortunadamente– el momento que Costa Rica vive hoy. El Fiscal General ha debido mandar que se trate con dureza a los criminales que hasta ahora podían delinquir con la seguridad que, de ser capturados, los soltarían en pocas horas pues sus faltas eran “menores”. La inseguridad ciudadana está en su punto histórico más alto y alarmante. Ya lidiamos con las consecuencias de nuestra decisión de pasar por alto –por muchos años– “el pequeño crimen”, como si tal cosa de verdad existiera.

Desafortunadamente hay muchos otros ejemplos… No hay planes de manejo vigentes en algunas zonas costeras sensibles y de alto valor ecológico. La falta de éstos hoy pone en peligro zonas como la cuenca del Sierpe, la península de Osa y sus parques y reservas terrestres y marítimas. Se acaba el agua para las comunidades y proyectos turísticos en Guanacaste. Lidiamos con las consecuencias. Porque es lo que “el ritmo local permite”, el Minae acaba de perder el financiamiento para consolidar el parque nacional marino Las Baulas.

Nuestra incapacidad de actuar en consecuencia y con prontitud para cumplir lo planeado y decidido nos hace tener que lidiar con las consecuencias: en este caso la pérdida de un donante internacional y comprometer la imagen del país en el campo ambiental.

Isla del Coco. Nuestro más grande tesoro marino –la Isla del Coco– se ve amenazada porque no contamos con la capacidad de procesar judicialmente y castigar como se debe a las personas y empresas que la explotan ilegalmente, a pesar de que fueron capturados cometiendo el crimen y existe amplia evidencia en su contra, gracias a una alianza entre ONG, los Guardaparques de la Isla, la Oficina de Guardacostas y el Minae; además de que en este caso se contó con apoyo directo de medios de comunicación y empresarios locales presentes en el momento de la captura.

Río Azul abre, se cierra, se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar a lo largo de más de una década. Y aún no tenemos una solución estructural y de largo plazo para el manejo de los desechos sólidos.

Nos tomamos más de diez años –aun no sabemos cuánto– en construir un aeropuerto cuyo proyecto estaba diseñado para tres. Se da como buena noticia que –después de más de 30 años– se logró avanzar en el proyecto de la carretera entre Ciudad Colón y el puerto de Caldera. Nuestros costos de logística suben, nuestras flotas de vehículos sufren, el desgaste de carreteras se multiplica, la contaminación causada la circulación vehicular a velocidades ridículas se incrementa, los turistas se frustran en su última experiencia en el país y las líneas áereas protestan por itinerarios y costos de operación.

Se posponen las inversiones en generación hidroeléctrica por más de una década y hoy –con precios de petróleo alcanzando niveles sin precedentes– debemos recurrir a energía térmica cara y contaminante, además de sufrir la suspesión del servicio con mayor frecuencia que lo que es razonable esperar en una nación próspera y rica en recursos energéticos renovables y naturales. Lidiamos con las consecuencias en estos y muchos otros campos.

Costa Rica es una nación de alto potencial. El país tiene una tradición de paz y democracia, diversificación y robustez en su economía, un compromiso histórico con el ambiente, excelente manejo técnico de la macroeconomía, una inversión histórica en educación y salud, un marco institucional que –pese a una creciente obsolescencia– garantiza la independencia de las cortes y de las organizaciones de control.

Todo esto hace de Costa Rica una nación muy especial. A pesar de nuestra creciente ingobernabilidad, inseguridad y riesgo ambiental, el país aún goza de prestigio internacional, la economía crece y –generoso con los inmigrantes– sigue generando oportunidades y empleo abundante para las nuevas generaciones.

Alterra y TLC. Pero casos recientes como el del atunero capturado en la Isla del Coco, el de Alterra y el retraso de la ratificación final del TLC –para mencionar solo algunos de alta visibilidad– ponen en riesgo nuestra credibilidad como país comprometido con el ambiente, como destino de inversiones y como nación de institucionalidad ejemplar. Nos podemos pasar meses discutiendo quién tiene razón respecto a una fecha límite o si ésta existe o no, en vez de cumplir con el mandato popular respecto a libre comercio, de asegurar la más alta productividad en todas las operaciones aéreas, de dar auténtica seguridad a nuestros ciudadanos y turistas o de defender en consistencia con la ley nuestros tesoros naturales. Posponemos el futuro y nos estamos acostumbrando –peligrosamente– a lidiar con las consecuencias, como si todas ellas no representaran un enorme costo para cada uno de nuestros ciudadanos y organizaciones; como si el resto del mundo nos fuera a esperar.

El país necesita de ministros, diputados, magistrados, jueces, contralores, defensores y empresarios –con fines y sin fines de lucro– capaces de tomar decisiones dentro del marco de una visión consistente de la nación con que nuestra población, algunos de nuestros auténticos líderes y nuestros verdaderos aliados internacionales han soñado. Esta visión es de una nación económicamente próspera, ambientalmente sostenible, socialmente progresista y solidaria, e institucionalmente innovadora. Una nación pequeña con grandes metas y capaz de marcar caminos alternativos en su ruta al desarrollo. Si no somos capaces de retomar el rumbo y mejorar radicalmente la calidad y consistencia de nuestras decisiones y acciones, pronto tendremos que lidiar con consecuencias aun más graves. Y para entonces, tal vez sea demasiado tarde.

El Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) firmó, al fin, las seis expropiaciones por las cuales perdió la ayuda ofrecida por la organización internacional The Leatherback Trust.

Mediante un comunicado de prensa, se informó de que Jorge Rodríguez, viceministro de esa cartera, firmó el martes pasado seis acuerdos ejecutivos para continuar con la expropiación de terrenos en el Parque Marino Las Baulas, en Guanacaste.

El 14 de febrero The Leatherback Trust comunicó al Minae que rescindían el convenio de cooperación por el atraso en esas firmas.

Crítica. James Spotila, presidente de esa organización, criticó el estado de los seis acuerdos que se encontraban “detenidos en su escritorio (del jerarca del Minae, Roberto Dobles) desde hace exactamente tres meses, sin que podamos comprender las razones por las cuales usted no los ha firmado”.

Esa organización había entregado $2,6 millones desde el 2004, los cuales se utilizaron en el pago de guardaparques y en el proceso de expropiación.

En su momento Dobles –quien actualmente se encuentra fuera del país– explicó que los documentos se estaban revisando meticulosamente.

Ahora los expedientes pasarán a la Procuraduría General de la República, donde seguirán el debido proceso.

El viceministro Jorge Rodríguez no descartó una futura reconciliación entre The Leatherback Trust y el Minae.

San José (Redacción). El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) firmó las seis expropiaciones por las cuales perdió la ayuda ofrecida por la organización internacional The Leatherback Trust.

Mediante un comunicado de prensa, se informó hoy de la firma de seis acuerdos ejecutivos realizada el martes pasado para expropiar terrenos en el Parque Marino Las Baulas, en Guanacaste.

La semana pasada, The Leatherback Trust comunicó al Minae que rescindieron el convenio de cooperación por el atraso en esas firmas.

James Spotila, presidente de The Leatherback Trust, criticó el estado de los seis acuerdos que se encontraban “detenidos en su escritorio (del jerarca del Minae, Roberto Dobles) desde hace exactamente tres meses, sin que podamos comprender las razones por las cuales usted no los ha firmado”.

Esa organización había entregado $2.6 millones desde el 2004, los cuales se utilizaron en el pago de guardaparques y en el proceso de expropiación. Sin embargo, ya no darán dinero para pagar los terrenos.

Ahora, los expedientes pasarán a la Procuraduría General de la República, donde seguirán el debido proceso, según había explicado anteriormente el ministro Dobles.

El Gobierno de la República se quedó sin el dinero de que dispondría mediante el Fideicomiso Baulas y con el cual se pretendía consolidar el Parque Nacional Marino Las Baulas, localizado en la costa guanacasteca.

Mediante una carta, la organización The Leatherback Trust comunicó ayer al Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) que rescindieron el convenio de cooperación firmado en el año 2004, el cual es conocido como Fideicomiso Baulas.

La misiva, dirigida a Roberto Dobles, jerarca del Minae, señala: “(…) consideramos que la actitud de su despacho de no proceder con la nacionalización del Parque Nacional Marino Las Baulas no es coherente con el liderazgo que Costa Rica ha asumido con el mundo en el campo ambiental”.

En la carta, James Spotila, presidente de The Leatherback Trust, critica el estado de seis acuerdos expropiatorios que se encuentran “detenidos en su escritorio (del ministro Dobles) desde hace exactamente tres meses, sin que podamos comprender las razones por las cuales usted no los ha firmado”.

Hasta el momento, el Fideicomiso Baulas entregó más de $2,6 millones al Minae, que fueron utilizados para pagar los salarios de guardaparques y avanzar en el proceso de expropiación, según confirmó el Ministerio.

Respuesta. Por su parte, el ministro Dobles calificó la decisión de “poco responsable” y criticó el tono en que está escrita.

“Ese señor Spotila quiere que los jueces y el resto del Gobierno de Costa Rica funcionen al ritmo que él quiere”, dijo Dobles.

Añadió que la administración Arias ha sido la primera en interesarse en conseguir los fondos para expropiar las tierras de este parque nacional, creado hace 12 años.

Además, señaló que ningún miembro de esa organización solicitó una reunión para explicarle el procedimiento de expropiación de los terrenos, el cual dura entre dos y tres años.

Según afirmó Dobles, los expedientes a los que se refiere la carta están en un proceso de revisión minuciosa para ser enviados a la Procuraduría General de la República, donde seguirán el proceso.

Comentó que la organización “está buscando una excusa” para dejar el proyecto, pues “no ha conseguido los fondos con los que se comprometió con el país”.

“El compromiso que ellos adquirieron para contribuir con el dinero que se requiere para las expropiaciones, no lo han hecho efectivo, aunque se lo hemos solicitado desde hace un año”, explicó Dobles.

Ronald Vargas, director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) calificó el anuncio como “lamentable”.

Respecto al trámite de los expedientes de expropiación, Vargas apoyó la gestión del Ministro.

“Lo que ha existido por parte del señor Ministro ha sido una mesura a la hora de la firma. Esa mesura es para evitar más conflictos, tanto en el sector de los dueños de las tierras como por parte de los grupos ambientalistas”, dijo Vargas.

Asimismo, recordó que el proceso de expropiación se atrasa debido a las acciones legales que toman los dueños de las tierras, que consideran que el Estado no les está pagando un precio justo.

Mientras los peritos valoran el metro cuadrado entre $150 y $200; los propietarios demandan entre $500 y $800, agregó Vargas.

Por su parte, Wagner Quirós, de la Red Nacional de Conservación de Tortugas Marinas, afirmó que la decisión “es un reflejo de la falta de voluntad política del Gobierno” en este tema.

El Parque Nacional Marino Las Baulas fue creado en 1995. Incluye el sector de playa Grande y 278,73 hectáreas (poco más del 1% del parque) son tierras que están en proceso de expropiación.