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La Sala IV declaró inconstitucional el Reglamento de Zonificación en la costa de Cabo Velas, distrito de Santa Cruz en Guanacaste, por el daño que produce al ciclo reproductivo de las tortugas baula.

El área donde se pretendía zonificar para el desarrollo de infraestructuras es la porción terrestre del Parque Marino las Baulas, confirmó el pronunciamiento de la Sala.

El Tribunal estimó en su voto 2008-8713 que dicho reglamento, aprobado por el Concejo Municipal de Santa Cruz en el 2006, infringe el derecho constitucional, así como acuerdos internacionales vigentes que se refieren a la “protección de la fauna, el ambiente y el patrimonio natural del país”.

Según explica el fallo unánime de los magistrados, Costa Rica tiene “la obligación de adoptar las medidas necesarias para conservar el hábitat de la tortuga baula y aquellas áreas que por sus condiciones y características son un destino natural para su anidación y desove”.

El recurso de inconstitucionalidad había sido presentado por Fideicomiso Baulas, con la intención de proteger la zona de anidación y desove de estas tortugas.

La Sala IV también recordó que solo el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) tiene la competencia para vigilar y ordenar las actividades humanas que se realicen en la zona marítimo-terrestre.

Esta sentencia, que será publicada en el diario oficialLa Gaceta , tiene efecto retroactivo para revertir lo establecido por el Reglamento de Zonificación.

En respuesta al comentario de la señorita Laura Jaén Rosales , le propongo este sencillo ejercicio de razonamiento de costo/beneficio.

Aunque existe mucha especulación acerca del valor real y justo que el Estado debe pagar por los terrenos de quienes vivimos frente a la playa en Playa Grande, Santa Cruz, Guanacaste, lo cierto es que en toda república los bienes raíces ubicados frente a lagos, ríos y mares son relativamente más valiosos que las tierras alejadas de ellos.

La amiga del parque marino Las Baulas manifiesta que es crucial expropiar la franja de 75 metros frente a playa, con una inversión de la Hacienda Pública que superaría los US $700 millones, para asegurar con ello lo siguiente:

kLa supervivencia de neonatos en tierra (meta que se logró gracias al compromiso de los vecinos quienes han adoptado medidas para anular el impacto de luz y ruido en la playa y al esfuerzo de los guardaparques y estudiantes voluntarios que vigilan los nidos y trasladan los huevos a incubadoras).

Presumo que doña Laura Jaén ignora que el Leatherback Trust, en un desgarrador experimento para determinar el género de neonatos baula, decapitó alrededor de cuatrocientas de estas tiernas tortugas. ¡Vaya amigos de las baulas!

kEl lucro que hoy en día, y sin necesidad de ninguna expropiación, generan los tours de las tortugas al Minae;

kEl lucro que generan las “Damas Amigas del Parque Marino Las Baulas” con la venta de comidas criollas que ofrecen a los turistas en horas de la madrugada, durante la temporada de arribo de las tortugas, precisamente entre los meses de octubre y febrero de cada año.

Evaluación. Con base en lo expuesto por la ‘Dama Amiga de las Baulas’, parece que el Estado costarricense podría ahorrarse los $700 millones. Como alternativa a esa inversión, sería oportuno suspender los tours indefinidamente y con ellos la venta de comidas criollas para que las tortugas aniden en paz, sin la compañía de tantos “amigos” de ellas.

Mientras las tortugas anidan por las noches, nosotros los vecinos de Playa Grande descansaremos en silencio en nuestras casas, como lo hicimos antes de que el Minae y el Leatherback Trust tuvieran sede en esa playa.

Somos los vecinos de Playa Grande quienes recogemos la basura de sus arenasy mantenemos limpias sus aguas, cuando los turistas y comerciantes ambulantes se marchan a sus casas. Cuidamos las playas cuando sale el sol, y los guarda parques se retiran a descansar tras su desvelada noche como guías de turistas, dejando sin ninguna vigilancia los nidos de tortugas.

El pasado martes 25 de marzo se celebró frente al muelle de Puntarenas la ceremonia de entrega de la Bandera Azul Ecológica. Nuevamente, Playa Grande fue galardonada con esta valiosa distinción.

Felicito a los vecinos de Playa Grande por este reconocimiento que reafirma su compromiso con el medio ambiente.

En los últimos meses ha cobrado relevancia mediática el conflicto por las propiedades dentro del parque nacional marino Las Baulas en Playa Grande, Guanacaste.

Mucho se ha dicho sobre el costo que para el Estado representaría el continuar con el proceso de consolidación del parque: algunos han afirmado públicamente que las expropiaciones tendrían un costo total de 700 millones de dólares, equivalente a un 3% del PIB del 2007. Otros adversarios del proceso hablan de 400 millones de dólares.

Ante estos costos tan elevados, la lógica tendería a evidenciar que este proyecto público no es rentable para la sociedad, aun sin considerar los potenciales beneficios económicos y ambientales de la consolidación del parque.

Otra perspectiva. Otra perspectiva, sin embargo, se abre al analizar con mayor rigurosidad las premisas de estos costos tan elevados. Estas incluyen un precio promedio por metro cuadrado de $850, fundamentado en los cinco avalúos más elevados de peritos judiciales. Lo que no manifiestan quienes exponen estas cifras es que otras valoraciones de otros peritos judiciales han tasado las mismas tierras en cerca de $70 por metro cuadrado y el promedio de todas las valoraciones de diferentes peritos del Ministerio de Hacienda es $31. Cuál de todos es el precio “real” es una pregunta irresuelta hasta ahora y tanta disparidad en las valoraciones se debe a las diferentes metodologías y juicios de valor aplicadas.

La Ley de Expropiaciones de nuestro país dicta que los propietarios deben ser resarcidos con una compensación monetaria que les permita adquirir un bien semejante (precio justo); en parte este es el fundamento que explica los valores elevados del precio por metro cuadrado de algunos avalúos. Los peritos han tomado dos o, cuando mucho, cinco lotes de referencia en Tamarindo o Flamingo para determinar el valor que debe ser aplicado al caso de Playa Grande. La compensación del Estado no necesariamente debe ser tal que permita a los propietarios adquirir los terrenos más caros de las zonas aledañas; las estimaciones de costos estratosféricos de las expropiaciones fundamentadas en estos precios resultan poco creíbles y manipulables.

Estudio económico. Con el fin de estimar de manera objetiva estos costos, se ha realizado un estudio económico que toma como referencia un total de 121 terrenos costeros en venta, con diversas características y precios por metro cuadrado que van desde los $20 hasta los $1667 y que se ubican en las costas de Guanacaste norte, Guanacaste sur y el Pacífico central.

De esta manera, se ha podido estimar de una forma más rigurosa que el precio por metro cuadrado está en función –entre otras– del área, la zona y algunas amenidades como el frente al mar y el acceso directo por vía pública.

A partir de este análisis, de acuerdo al tamaño y las características de la mayoría de propiedades expropiables en Playa Grande, el precio promedio de la expropiación rondaría los $131 por metro cuadrado. Hay propiedades que tendrían precios superiores, unos $249 por metro, y otras que contarían con precios inferiores, cercanos a los $105 por metro.

Montos de expropiaciones. Considerando las 31 hectáreas expropiables en el sector de Playa Grande, el monto de las expropiaciones se situaría alrededor de los 50 millones de dólares, monto al cual se agregaría en posteriores fases expropiatorias la compensación por algunas casas que se encuentran dentro del parque nacional, que representarían –se estima– otros 10 millones de dólares. Las compensaciones otorgadas a los propietarios cumplirían, a partir de estos montos, con el precepto del precio justo.

El artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente establece un mandato jurídico expreso: las expropiaciones deben realizarse. El Estado, entonces, enfrentando la clásica disyuntiva de qué hacer con los escasos recursos públicos debería recurrir a la ayuda internacional y a fondos que se recaban en todo el mundo en pro de la conservación de recursos y especies naturales para financiar este proyecto. Después de todo, la conservación de los sitios de anidación de la tortuga baula en nuestras playas genera externalidades positivas mucho más allá de nuestras fronteras.

La expropiación que debe hacerse en el parque nacional marino Las Baulas, de Guanacaste, es sumamente importante y necesaria no solo para garantizar el éxito de la eclosión de los neonatos de las tortugas que en ese parque anidan, sino también para el progreso de la sociedad civil representada por tres organizaciones que se benefician directamente del parque, ofreciendo tours y ventas de comida criolla a quienes visitan el desove de la tortuga baula. Es necesario recalcar que nuestras organizaciones no pertenecen a The Leatherback Trust, ya que somos independientes, cada una con cedula jurídica. Sin embargo, agradecemos la ayuda que nos ha brindado para consolidar el parque.

Proteger la especie. Los grupos que nosotros guiamos son de 30 personas por tortuga, divididos en grupos de 15, cada uno con su respectivo guía. Si bien es cierto que una de las amenazas de la tortuga baula se halla en el mar, es prioritario garantizar la zona de animación ya que sin neonatos no hay generación.

Por esto todo ecologista debe entender que ambos lugares son importantes para llevar a cabo nuestro objetivo: proteger y conservar la especie en peligro de extinción. Al llegar la luz del día, los guardaparques que trabajaron por la noche deben ir a dormir pues no son robots, sino seres humanos, pero tienen relevos y son resguardados por voluntarios y biólogos, quienes ayudan a patrullar durante el día.

A nuestro parque no solo llegan extranjeros, también llegan turistas nacionales impulsados por un acto de amor, porque solo el que trasnocha, supera las horas de espera para poder observar el desove de una tortuga, solo un amante de la naturaleza comprende todo el esfuerzo que nuestras tortugas hacen para venir cada temporada a nuestro parque a desovar.

Bombas ambientales. No podemos seguir creyendo en las palabras de muchos desarrolladores “Venimos de la mano con la naturaleza” ya que hemos tenido suficiente con Papagayo y Tamarindo considerados bombas ambientales.

Esto perjudica la imagen de todos los ticos y va en contra del tratado firmado por nuestro presidente: “Paz con la Naturaleza”. Si de mantener el respeto a la institucionalidad de Costa Rica se trata, se debe empezar por respetar el artículo 50 de la Constitución Política, que dice que todo ser humano merece vivir en un ambiente sano. ¿Cómo llamarle ecologista a quien construye sus megaproyectos sobre un manglar? La baula nace en suelo costarricense y es un ser vivo con derecho a ser protegido.

A las entidades competentes: ¿De qué lado están? ¿De los pobres costarricenses, o de aquel que tiene mucho dinero?