Geocad Estudios Ambientales

El empresario Mohamed Ibrahim El Ghanam, propietario de la finca lechera La Guacamaya de Mohamed S. A., es el centro de una controversia con la Municipalidad de Coronado, el Ministerio de Salud y el Minae.

Estas entidades lo cuestionan por levantar construcciones sin permiso y contaminar el medio ambiente.

Entre febrero del 2005 y agosto de este año, la finca La Guacamaya fue clausurada en cuatro ocasiones por la Municipalidad de Coronado y una vez por el Ministerio de Salud.

Además, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), ordenó paralizar las construcciones que se realizan en la finca e iniciar obras para mitigar el daño ambiental que estaría causando la actividad pecuaria.

Por último, una jueza penal le ordenó suspender tanto las construcciones como la explotación de ganado lechero.

A pesar de esta cadena de clausuras y órdenes judiciales, la finca continúa operando.

Según el alcalde de Coronado, Leonardo Herrera Sánchez, debido a la investigación del Ministerio Público y a la intervención de un juez penal, la Municipalidad no tiene ahora potestad para verificar el cese de operaciones.

El Alcalde señaló que el empresario interpuso un recurso de casación contra la resolución de la jueza, que le ordenaba suspender toda actividad en la finca. Ese recurso de casación aún no está resuelto.

“Por esta razón el tema ya no está en nuestras manos, ahora lo que estamos haciendo desde la Municipalidad es analizar una oferta de pago que hizo Mohamed El Ghanam para ponerse a derecho con las construcciones ilegales que él mismo admite que hizo”, señaló el Alcalde.

Herrera indicó que la oferta de de El Ghanam está bajo análisis del departamento legal de la Municipalidad y que, en pocos días, decidirán si la aceptan o la rechazan.

Vía.

¿La concepciónde legislación ambiental del TLC debilita la garantía constitucional de un ambiente sano y equilibrado?

nnnLa Sala IV destaca que el artículo 17.1 del Tratado reconoce a cada Estado parte el derecho a establecer sus propios niveles de protección ambiental, e insta a estimular altos niveles de protección en esa materia con leyes y políticas ambientales.

La Sala considera que el Estado costarricense mantiene su poder de regulación y fiscalización en materia ambiental, al mantener vigente toda la legislación sobre el tema y con respeto al artículo 50 de la Constitución Política que establece el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esa norma tiene rango superior a cualquier disposición del Tratado y debe ser tomada en cuenta para su interpretación. El tratado crea un Consejo de Asuntos Ambientales y mecanismos de participación pública.

Fuente: Voto 9469-2007. Sala IV.

Una lechería arroja los excrementos diarios de casi 2.000 vacas a un afluente del río Macho, de donde Acueductos y Alcantarillados (AyA) capta el agua que distribuye a 60.000 personas en las comunidades de Moravia y Tibás, en San José.

Se trata de la finca La Guacamaya de Mohamed S. A., ubicada en Cascajal de Coronado, en San José, propiedad del empresario egipcio Mohamed Ibrahim El Ghanam.

Esta finca fue clausurada en los últimos tres años por autoridades del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Coronado. Además, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) le ordenó suspender su actividad.

Sin embargo, según una investigación de la Fiscalía Ambiental, tras cada uno de esos procedimientos el propietario levantó los sellos de clausura y la finca continuó con su actividad de producción lechera.

Por esta razón, el Ministerio Público investiga a Mohamed El Ghanam por los posibles delitos de falsedad ideológica, desobediencia, invasión de áreas de protección y corrupción de sustancias alimenticias en perjuicio de la salud pública y los recursos naturales.

En agosto pasado, la jueza María Gabriela Jara Murillo, del Segundo Circuito Judicial de San José, ordenó al empresario suspender toda actividad de producción lechera.

Luego, El Ghanam presentó un recurso de casación que aún no ha sido resuelto.

La Nación intentó obtener el punto de vista del empresario Mohamed Ibrahim El Ghanam, pero no contestó los mensajes dejados en su finca y su casa de habitación.

Entre el 24 de setiembre y el 11 de octubre pasados, La Nación documentó que en esa lechería todavía hay gran cantidad de animales en un cobertizo y que a la finca entran y salen camiones cisternas para transporte de leche.

Más de 1.900 vacas. Una inspección a la finca realizada en abril de este año por la Fiscalía Ambiental, junto a técnicos de AyA, reveló que en el establecimiento existían 1.965 vacas.

El Ministerio Público halló que los animales se encontraban metidos en un galerón, es decir, que permanecen la mayor parte del día uno junto al otro a muy corta distancia, comiendo y lanzando sus desechos en el mismo sitio.

Una vaca produce entre 25 y 40 kilos de excretas al día, dependiendo de la raza y el peso. En un hato de 1.965 animales esto representa un volumen de entre 49.000 y 78.000 kilos de excrementos al día.

Durante la inspección, la Fiscalía Ambiental constató que estas excretas son arrojadas, sin ningún tratamiento, a un canal a cielo abierto desde donde se escurren por efecto de la gravedad hasta una quebrada afluente del río Macho.

Análisis químicos realizados en la zona de descarga por el Laboratorio Nacional de Aguas, del AyA, revelaron que esas aguas contenían 17 millones de coliformes fecales por cada 100 mililitros de agua.

Según el jefe del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora Alvarado, esta concentración de coliformes es característica de las aguas residuales compuestas básicamente de materia fecal.

Mora indicó, además, que la contaminación de agua para consumo humano con aguas que tienen una concentración tan alta de coliformes fecales puede producir serios trastornos para la salud humana.

La jefa de Tratamiento de Agua Potable de la Región Metropolitana del AyA, Dora Acuña Rodríguez, aseguró que el agua que se distribuye en Moravia y Tibás es tratada en la planta de Los Sitios, en Moravia, y que el líquido que se distribuye a los consumidores es potable y carente de coliformes fecales por el tratamiento que se le brinda.

Zona de recarga acuífera. Además de los cursos de agua que alimentan al AyA, las excretas vacunas podrían estar contaminando también acuíferos subterráneos, ya que el suelo de la propiedad es geológicamente poroso y las precipitaciones filtran con facilidad hasta las reservas subterráneas de agua.

Estudios del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), indican que el terreno en el que funciona esta lechería es un área de recarga acuífera, con un promedio de precipitaciones pluviales de 2.660 milímetros al año (43% más que el promedio de las precipitaciones que tiene San José).

Los estudios hidrogeológicos revelaron, además, que en la finca existen tres nacientes de agua que también son afectadas por los desechos vacunos.

La contaminación subterránea se debe a que el agua de lluvia y de las nacientes se filtra al subsuelo arrastrando hacia los acuíferos subterráneos los coliformes fecales y nitratos de la boñiga que se encuentran en ese terreno.

La Guacamaya

Extensión: 26 hectáreas.

Ubicación: Las Nubes de Cascajal, cantón Vázquez de Coronado, San José.

Propietario: El empresario egipcio Mohamed Ibrahim El Ghanam.

Cantidad de animales: Durante una inspección de la Fiscalía Ambiental y Acueductos y Alcantarillados, en abril de este año, se contaron 1.965 animales.

Producción: Según cifras de la Cámara de Productores de Leche, el promedio nacional de producción diaria por animal es de 22 kilos (litros) al día. Una finca con un hato de 1.965 animales puede producir hasta 43.000 kilos de leche diarios.

Excrementos: Una vaca lechera produce entre 25 y 40 kilos de excrementos al día, dependiendo de su masa corporal. Un hato de 1.965 animales produce entre 49.000 y 78.000 kilos de excrementos diarios.

Planta de tratamiento: La finca no cuenta con planta de tratamiento de desechos.

Lactancia: Una vaca produce leche durante los 305 días posteriores al parto.

Precio al productor: El productor recibe entre $0,38 y $0,41 por kilo (litro) de leche. Un hato de 1.965 animales en plena producción representa un ingreso de entre $16.000 y $17.000 al día.

Precio de una vaca: El costo de una vaca lechera oscila entre los $1.100 y $1.500 mil, dependiendo del pedigrí, la edad y el peso del animal.

Vía

La discusión en torno al TLC se ha satanizado, al punto de centrar en él el destino económico y social de Costa Rica.

El TLC no es ni un plan de desarrollo ni el punto de inflexión en la historia costarricense; es apenas una herramienta más para seguir haciendo de Costa Rica una nación competitiva. La oportunidad de decidir su aprobación en las urnas electorales ha consolidado nuestro legado democrático, pero ha propiciado una discusión intensa que desvía la atención de temas verdaderamente importantes y prioritarios.

EnDoing Business 2008 (informe del Banco Mundial sobre idoneidad para hacer negocios), Costa Rica ocupa el puesto 115 de la clasificación, entre 178 países. En el informe anterior ocupábamos el 105, lo que demuestra que, aparte de ser una de las economías con más trabas para los nuevos negocios, no hacemos lo suficiente para resolver este tema de urgencia. Basándose en este informe, se concluye que toma tiempo excesivo resolver los trámites para iniciar un negocio (77 días, según el informe del 2007). El Gobierno actual se comprometió a llevar a cabo una serie de modernizaciones, que han despegado con las iniciativas en el marco del Gobierno Digital, y que han llevado a descentralizar algunos trámites.

Grandes carencias. La competitividad, además, se ve limitada con un sistema educativo con grandes carencias, en el que estudiantes y maestros no parecen estar motivados y que no da el instrumental propicio para aprovechar las oportunidades que el entorno actual ofrece.

Por otro lado, la infraestructura queda debiendo, máxime si vemos que Panamá inició la ampliación del canal y nosotros, en cambio, ni siquiera hemos podido comenzar con la carretera a Orotina, los aeropuertos están a medias y los puertos son obsoletos.

Leonardo Garnier, ministro de Educación, ha dicho en distintas oportunidades que una mejor educación –como en Finlandia–, lo mismo que mejores carreteras –como en Holanda– se consiguen con más impuestos, y un buen punto de arranque ha sido optimizar la recaudación tributaria y continuar la lucha ordenada y eficiente contra la evasión fiscal.

La agenda costarricense de cara a posicionarse como una economía competitiva debe incluir, además, el compromiso por fortalecer y hacer más eficientes instituciones clave como el ICE, la CCSS y Setena; bajar la inflación, disminuir la tramitología y garantizar la seguridad jurídica.

Costa Rica no puede darse el lujo de perder competitividad al no aceptar un tratado de libre comercio con la economía más importante del mundo. Aunque no tengamos un puerto como el de La Unión en El Salvador, programas de incentivos y educación como en Panamá ni un aeropuerto como La Aurora en Guatemala (en remodelación), sí tenemos –igual que ellos– la oportunidad de tener un TLC con los EE. UU. No perdamos, entonces, la perspectiva: el TLC no es un modelo social o económico por sí; solamente es un eslabón más en la política de inserción global que ha venido haciendo crecer al país.